México “no comparte” el procedimiento del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada
México entregó información sobre desapariciones con el CED ONU el mes pasado, la cual pidió mantener reservada.
El Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos, declaró que el Estado mexicano “no comparte” la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED-ONU) de activar un procedimiento relacionado con la crisis de desapariciones en el país.
El procedimiento fue activado el pasado mes de abril por el CED-ONU, que en su vigésima octava sesión anunció el inicio de este procedimiento a partir del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
Tras la intervención de Albán Alencastro, Vasconcelos (exsenador del partido Morena), mostró inconformidad con la decisión del CED por el procedimiento. “La aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos, a fin de no desvirtuar su naturaleza ni sentar precedentes que puedan afectar la confianza y el espíritu de cooperación entre los Estados parte y el Comité”, defendió.
La postura del representante se suma a otras desde instituciones mexicanas que rechazan el procedimiento del CED. Por ejemplo, los cuestionamientos de Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante las características de las desapariciones en México, en contraste con la lucha social de su madre, la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien llevó sus exigencias a instancias internacionales durante los gobiernos del PRI.
Para María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la postura del Estado mexicano, así como la petición de reservar información entregada al CED es preocupante, señaló esta mañana en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
En ese sentido, Amnistía Internacional le recordó al Estado mexicano que la desaparición de más de 130 mil personas no es normal, como tampoco lo es la impunidad o que las propias familias sean las encargadas de la búsqueda, por lo que llamó al Estado a ser abierto al escrutinio.
