Relatores de Naciones Unidas alertan por planta de amoniaco en Bahía Ohuira, Sinaloa
Impactos ambientales y comunitarios ocurren en la Bahía de Ohuira, denuncian activistas del pueblo Yoreme desde hace una década.
Once relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta a gobiernos de México, Alemania y Suiza, así como a las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y KFW-IPEX-Bank debido a los graves riesgos por la construcción de una planta productora de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en el puerto de Topolobampo, Sinaloa.
El documento pide a las autoridades adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de las comunidades y sancionar los impactos ambientales en la región.
La planta de amoniaco, destinada a producir fertilizantes, fue anunciada en 2013 por GPO, una empresa filial de la Suiza PROMAN. Sin embargo, desde los primeros anuncios, los habitantes de Topolobampo, comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas rechazaron el proyecto.
Hace diez años, el colectivo “Aquí No”, integrado por habitantes y representantes del pueblo indígena Yoreme, comenzó a hacerle frente a la imposición del proyecto mediante amparos y otras acciones de resistencia, mientras GPO desplegó una campaña para promover los beneficios económicos y la generación de empleo en la región, a costa del impacto ambiental y el desplazamiento.
Pese a las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y consultas que no han incluido a todas las comunidades, activistas de Bahía de Ohuira mantienen aún el rechazo al proyecto.
“Los impactos ambientales incluyen la destrucción de aproximadamente 21,000 m2 de bosque de manglar, así como el desecamiento de una zona inundable (humedal), lo que ya ha resultado en una afectación de varias especies de flora y fauna. Una vez operativa, la planta utilizará 2,000 m3 de agua de mar por hora. Se estima que esta extracción, sin ninguna herramienta de filtraje destruiría en un año una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, lo que representa más de la mitad de las 900 toneladas anuales promedio que reporta la pesca ribereña”, alerta la carta de los relatores especiales.
Pero las afectaciones no solo se circunscriben al medio ambiente, la planta de GPO también impactaría en la vida cotidiana del pueblo Yoreme, el cual limitaría sus prácticas religiosas, celebraciones culturales y modus vivendi, pues más de 3 mil familias subsisten en la zona gracias a la pesca tradicional.
Por otro lado, se alerta por casos de hostigamiento contra los defensores del territorio. En 2023, tras un proceso de consulta se registraron amenazas contra dos mujeres defensoras del territorio, mientras que al año siguiente otra defensora fue víctima de un intento de desaparición forzada, hecho que se suma a vigilancias, campañas de difamación a través de redes sociales, amenazas, agresiones físicas y allanamientos.
Actualmente, Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Diaz López, y Felipe Montaño Valenzuela son los líderes más visibles del movimiento y cuentan con medidas de protección por parte del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como del del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.
Ayer, integrantes del movimiento “Aquí No” buscaron reunirse con representantes del banco KFW-IPEX para exponer los estragos de la construcción. Sin embargo, la reunión fue cancelada de último momento, informaron los activistas en conferencia de prensa según revista Espejo.
“Si aquí no somos atendidos, vamos a hacerles una visita a donde esté este banco. Esta lucha no termina, es tope hasta donde tope. Hemos tenido muchos obstáculos, este es uno más que vamos a tumbar”, dijo Felipe de Jesús Montaño, gobernador tradicional de la comunidad de Ohuira.
