Giran orden de aprehensión contra Evo Morales por presunto estupro y trata de menores
Giran orden de aprehensión contra Evo Morales por presunto abuso de una adolescente, el caso insinúa una red de trata de personas.
El día de ayer, jueves 10 de septiembre, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, debía presentarse a declarar ante un Ministerio Público por la acusación que pesa sobre él por un caso de “estupro agravado con trata de personas” que investiga la Fiscalía de Tarjia, al sur de Bolivia.
Pero Evo no asistió a la cita. Sus abogados alegaron que existe una sentencia que ordena que el caso se trate en la Provincia de Chapare, donde vive Evo, rodeado de una legión de simpatizantes cocaleros que lo defienden a capa y espada.
Ante el desacato del expresidente, Sandra Gutiérrez, fiscal boliviana, emitió una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a colaborar con la investigación en curso.
“El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano”, expresó Morales a través de sus redes sociales. “El gobierno de Luis Arce está forzando un proceso penal inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de sicarios de la justicia pretenden detenernos y acabar con nuestra vida”.
La acusación es grave. Según los documentos, en 2016, Evo Morales violó y embarazó a una adolescente de 15 años. Registró legalmente a su hija más de dos años después de nacida, cuando la víctima habría cumplido ya mayoría de edad. Se afirma que tuvo acceso a la menor a cambio de favores políticos a su familia, lo cual puede calificarse penalmente no sólo como estupro sino como una incitación a la prostitución, pasando del ámbito privado –es decir, que requiere ser denunciado por la víctima– a constituirse como un crimen perseguido de oficio.
Además de Evo, los padres de la adolescente también fueron citados a declarar; tampoco asistieron. La fiscal Gutiérrez giró una orden de aprehensión también contra ellos.
“El caso nació muerto”, comentó Jorge Pérez, defensor del expresidente. El equipo legal de Morales arguye que se trata de un caso de persecución política pues fue desechado en 2019, en tanto no existía una declaración de la presunta víctima.
No es la primera vez que la fiscal Sandra Gutiérrez libra una orden de aprehensión contra Evo Morales. Lo hizo el 26 de septiembre pero sin notificación mediante y con otras omisiones de procedimiento, por lo que su orden fue desechada y ella, despedida. Fue restituida una semana después y el caso volvió a abrirse.
Según el escrito que daba sustento a esa orden de aprehensión, los padres de la adolescente habrían inscrito en la “Guardia Juvenil” de Evo Morales “…con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor”. Lo que configuraría el delito de trata de personas e insinúa que se podrían existir muchas más víctimas.
Por estos antecedentes con la fiscal Gutiérrez es que Evo y su defensa exigen que el caso se procese en la región central del país, El Chapare, donde el exmandatario se encuentra rodeado de una población indígena de cocaleros fieles a su líder y que amenazan con “incendiar el país” si Morales llega a pisar la cárcel.
El caso se enmarca, además, en la disputa por la candidatura presidencial a través del partido Movimiento al Socialismo (MAS) que Evo Morales se disputa con el actual presidente, Luis Arce, lo cual le permitiría a ambos reelegirse.
Morales, por su parte, ha esgrimido un contraataque contra Luis Arce visibilizando la denuncia de una mujer por supuesto abuso sexual del actual presidente hacia ella.
