Presupuesto 2027: Contemplan 12.2 mil mdp para proyectos con potencial uso de fracking
"La Cámara de Diputados debe reasignar esos recursos para fortalecer la transición
energética y la protección de ANP", plantean las organizaciones.
Desde hace varios años la Alianza Mexicana Contra el Fracking y las organizaciones Engenera y Fundar, han rastreado los recursos que se destinan a programas presupuestarios que implican el potencial uso del fracking o fracturación hidráulica en México.
En el informe “Fracking en el Presupuesto Público 2027”, publicado hoy por estas organizaciones, señalan que más de 12 mil 200 millones de pesos están contemplados para proyectos que incluyen, potencialmente, la realización de fracking a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“De manera sistemática, se ha denunciado la asignación de dinero público a una práctica para la cual no ha habido consentimiento ni consulta ni participación pública. El fracking se ha realizado en México de manera velada y oculta por parte de Pemex, y hasta ahora se siguen canalizando recursos públicos a ella”, señalan en el informe.
162 proyectos petroleros
Uno de los principales hallazgos es la identificación de 162 proyectos petroleros vigentes para el ejercicio fiscal 2027, los cuales integran el Programa de inversión K025 Infraestructura económica de hidrocarburos (que concentra el 48% del presupuesto de Pemex con 250 mil 784 millones de pesos asignados para 2027).
Dentro de este programa de inversión las organizaciones detectaron al menos cinco proyectos petroleros que incluyen el potencial uso de fracking en yacimientos no convencionales o bien en los que especifican el uso de la técnica de perforación horizontal, característica de la práctica de fracturación hidráulica.
Ubicados en Veracruz, Puebla e Hidalgo, estos cinco proyectos son: el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, CEE Miquetla, Coyula, Integral Veracruz e Integral Poza Rica. Los detalles son presentados en la siguiente imagen.
Exigen decreto para prohibir el fracking en la cuenca Tampico-Misantla
En abril de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró la posibilidad de extraer recursos no convencionales bajo el argumento de garantizar la seguridad energética de México y reducir su dependencia del gas de Estados Unidos.
Posteriormente, fue conformado el Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional: 47 investigadores distribuidos en las áreas de ingeniería, planeación y prospectiva, agua e impacto.
Después de cuatro meses de trabajo, en agosto de 2026, Sheinbaum dio a conocer los resultados del comité en conferencia de prensa. En ellos, destacó una recomendación: “Por criterios de protección social, biodiversidad y densidad demográfica, se debe considerar prohibir actividades de aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural en la cuenca Tampico-Misantla”.
Sin embargo, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y las organizaciones Engenera y Fundar, plantean en un comunicado conjunto que “a pesar del anuncio de proteger esta región la presidenta no ha establecido ningún decreto, regulación vinculante o ley que ejecuté dicha recomendación. Por el contrario, el actual Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 mantiene una asignación sostenida de recursos a proyectos clave ubicados en esta cuenca petrolera, en los cuales se ha realizado fracking durante algún momento de su vida u horizonte de planeación”.
Y en su informe reciente, las organizaciones expresan que si la sugerencia del Comité científico logra materializarse, esto representaría “un gran paso en la protección del territorio amenazado”.
Proponen redirigir recursos de hacia la transición energética y las ANP
El informe exhorta a la Cámara de Diputados a no autorizar presupuesto a Pemex para proyectos que utilicen fracking, en línea con las recomendaciones del Comité científico, debido a los severos impactos ambientales, hídricos y de salud pública de esta técnica.
En su lugar, las organizaciones proponen reasignar los 12 mil 200 millones de pesos hacia la transición energética interna de Pemex, enfocándose en la reconversión tecnológica, laboral y administrativa, así como en la reducción de emisiones de metano.
También sugieren que los recursos podrían asignarse al Anexo Transversal 15 “Estrategia Nacional de Transición Energética” y para las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que en 2027 contarán con solo 16.20 pesos por hectárea. “ En un contexto de agravamiento de la crisis climática, la inversión pública en ANP no sólo es invertir en conservación, sino también en incrementar la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de los cuales dependen las poblaciones humanas”, puntualizan las organizaciones.
