Asesinan a Reynaldo Pérez, defensor de comunidades desplazadas en Chiapas
Reynaldo Pérez, defensor de comunidades desplazadas en Chiapas, fue asesinadoen Yabteclum, Chenalhó. Tenía medidas de protección federal.
Ocurrió la tarde de ayer, miércoles, en Yabteclum, una comunidad del municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas: una emboscada y un ataque armado segó la vida de Reynaldo Pérez Pérez, activista que acompañaba a comunidades desplazadas en este municipio, a unos 30 kilómetros de San Cristóbal de las Casas.
Los hechos furone confirmado por la Fiscalía estatal quien confirmó que el crimen ocurrió poco después de las cuatro de la tarde. Los agresores llegaron en una motocicleta e interceptaron al defensor. Reynaldo recibió siete impactos de bala y murió allí mismo.
“Dicen que está herido, pero a mí me avisan que murió; ahorita no puedo ir al lugar porque hay miedo en la carretera, no sabemos cómo está la zona, además, no hay mucha señal en la comunidad”, relató a El Heraldo de Chiapas un compañero de lucha del defensor.
Elementos policiacos y militares fueron movilizados hacia la zona después del ataque pero, a este jueves, ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía de Justicia Indígena han difundido un balance oficial del caso: no se conocen avances de las diligencias ni datos sobre los posibles responsables.
Las amenzas y la protección federal
Reynaldo Pérez fue uno de los más de 200 desplazados de la localidad de Santa Martha –en Chenalhó, Chiapas– que sobrevivió a un atentado que dejó al menos siete muertos en 2023. Tres días después del ataque armado contra los desplazados, el 3 de junio de 2023, personal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se comunicó con él. Su ingreso formal al programa se produjo el 13 de junio de ese año, en compañía del también activista José Vázquez. Le otorgaron un botón de panico y otras medidas que no se hicieron públicas.
Ya en abril de 2025, la Misión Permanente de México ante la ONU había alertado sobre las amenazas que pesaban sobre ambos activistas.
Reynaldo Pérez se había concentrado en los últimos años en la defensa legal de integrantes del grupo de autodefensas El Machete, un grupo de indígenas tzeltales y tzotziles que, ante el incremento de asesinatos y otros crímenes violentos en Pantelhó, decidieron alzarse en armas y defender la región de Los Herrera, a quien responsabilizaban de mantener bajo extorsión a buena parte de los habitantes.
El padre de Reynaldo, entrevistado ayer por Chiapas Paralelo, relató que en más de una ocasión “gente de José Herrera” los perseguía cada que se atrevían a salir fuera de su comunidad. Las amenazas por parte de ese grupo eran constantes.
Con cuatro años de anticipación, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas había descrito el entorno de Chenalhó como un “escenario de guerra” atribuido al “abandono y la complicidad de los gobiernos”, factores que, según esa organización, explican la multiplicación de los ataques armados.
Mediador entre comunidades en conflicto
Según han relatado sus familias, el miércoles Reynaldo llegó a su casa alrededor de las dos de la tarde, tomó un baño y, cuando se preparaba para hacer otras labores, recibió una llamada telefónica. Una persona lo citaba en un taller mecánico a la orilla de la carretera a Yabteclum. Acudió acompañado de su hijo de nueve años.
Dos hombres en una motocicleta le cortaron el paso y dispararon siete veces a la cebza y el pecho.
En los últimos años labor de Reynaldo Pérez incluyó, además, la mediación en las disputas por tierras que enfrentan a Aldama y Chalchihuitán, dos municipios de los Altos chiapanecos. Pérez también acompañó a las familias del sector Santa Marta que hoy permanecen refugiadas en Polhó, una comunidad zapatista, y que alzó la voz de forma reiterada contra los hostigamientos de que eran objeto.
En 2023, Pérez contabilizó en 272 personas —68 familias en total— los desplazados de Santa Martha hacia Polhó a causa de la violencia, y criticó entonces la actuación de las autoridades. “Vemos la ignorancia de la parte de la Secretaría de Gobernación, no han hecho actuaciones conforme a derecho. Son cómplices de lo que está pasando en el tema de desplazamiento y desaparición forzada de Santa Martha, no hay avance. Ha hecho caso omiso”.
Nacido en Yabteclum, el activista se sumó a protestas convocadas en San Pedro Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, además de bloqueos o movilizaciones en la autopista de cuota que enlaza las dos últimas ciudades. Su trabajo de acompañamiento se extendió a familias que abandonaron sus hogares tanto por la presión de grupos armados como por las pugnas agrarias que involucran a Pantelhó, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.
Una región marcada por la violencia
El conflicto por las tierras agrícolas y el territorio: ese el contexto que enmarca el asesinato de Reynaldo Pérez en Chiapas. Comunidades divididas y enfrentadas, algunas en alianza con el crimen organizado o antiguas organizaciones paramilitares, otras pugnando por la autodefensa armada o refugiándose en las regiones zapatistas.
Días antes del crimen, la semana pasada, representantes del Gobierno de Chiapas se trasladaron a Tzanembolom, punto limítrofe entre Chenalhó y Pantelhó, con el fin de celebrar una mesa de paz. De acuerdo a La Jornada, a la mesa asistió el Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca, el Secretario de Seguridad Estatal Óscar Aparicio Avendaño y el Jefe de la Oficina del Gobernador Fernando Bermúdez, entre otros funcionarios.
El asesinato del activista Reynaldo Pérez reanima las preguntas sobre la protección de quienes defienden derechos humanos en Chiapas, en especial de aquellos que trabajan con poblaciones desplazadas o fungen como mediadores en disputas por la tierra. Más cuando la presencia militar y de la Guardia Nacional se ha incrementado de manera nunca antes vista en la región, sin que ello se traduzca en más seguridad.
