Los Comités de Cuenca Río Sonora acusan que Grupo México y el gobierno buscan dar carpetazo a fideicomiso
La organización de víctimas del desastre en el Río Sonora exigen al juez Ulises Oswaldo Rivera que no cierre el caso.
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) denuncian que el gobierno federal y la empresa Grupo México buscan cerrar judicialmente el caso sobre el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo creado por las dos últimas instancias en 2014, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos –el equivalente a 16 albercas olímpicas– de sulfato de cobre acidulado y otros metales pesados altamente tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Grupo México, una de las corporaciones más grandes del país, es la responsable de este hecho considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería metálica en México.
El Fideicomiso Río Sonora se creó con la finalidad de atender los daños del derrame en el río, pero las comunidades afectadas no participaron en el proceso.
En febrero de 2017, Grupo México cerró el Fideicomiso sin el cumplimiento de sus objetivos y sin implementar la totalidad de los recursos. Por estas razones, en 2018 los CCRS interpusieron amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a principios del 2020 emitió una sentencia histórica: las comunidades deben participar en todos los mecanismos de reparación.
Pero la sentencia no se tradujo en los hechos. En 2023 la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) presentó una denuncia contra Grupo México por incumplimiento de la remediación, la cual fue retirada en 2026 por el gobierno de México como parte de los acuerdos negociados con la empresa, los cuales –denuncian los CCRS– se hicieron a puerta cerrada.
Actualmente, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, es quien resolverá los próximos días si el caso se declara cumplido.
“La SCJN ordenó participación comunitaria, no negociaciones en secreto: no se puede declarar reparado un río que sigue contaminado ni cerrar un caso donde las comunidades somos excluidas sistemáticamente de las decisiones sobre reparación. El juez se encuentra ante dos caminos: el formalismo estéril, que declara cumplida la sentencia con base en la simple existencia de un convenio firmado a puerta cerrada y con cláusulas opacas (…) o mantener abierto el caso para garantizar que los derechos a la salud, al agua limpia y a un ambiente sano de las comunidades sean restituidos de forma integral”, consignan los CCRS en un comunicado.
Un asunto de justicia ambiental
De acuerdo con un estudio de las investigadoras Liz Ileana Rodríguez, Yuriria Orozco y María del Carmen Rodríguez, las personas afectadas por el desastre minero en el Río Sonora revelan una alarma persistente ante la contaminación ambiental y sus repercusiones directas en el agua, la agricultura y la salud pública, evidenciando que el proceso de recuperación en las distintas comunidades afectadas está lejos de haber concluido.
“La decisión del juez Rivera González definirá si la justicia ambiental en México es real o solo una promesa: si el Poder Judicial está dispuesto a hacer cumplir una sentencia emblemática de la SCJN, o si permitirá que uno de los casos más graves de contaminación ambiental en el país se cierre sin transparencia ni rendición de cuentas”, exponen los CCRS.
Por ello, los Comités instan al juez a que no cierre del caso y que tome en cuenta la inclusión real de las comunidades en el diseño de la reparación de daños. Advierten que el caso pretende cerrarse mediante un nuevo convenio que no ha sido transparentado, ni en contenido ni en recursos, con las más de 22 mil personas perjudicadas de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
“Cerrar el caso en estas condiciones institucionalizaría la impunidad de Grupo México y enviaría un mensaje alarmante: que en México las empresas responsables de daños ambientales y a derechos humanos pueden incumplir o saltarse resoluciones judiciales”, señalan los CCRS.
