Caso González Méndez: El Estado incumple sentencia de la Corte IDH por desaparición forzada
A seis meses de la sentencia de la CorIDH por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, el Estado queda a deber
Magdalena González creció sin su padre, Antonio González Méndez, integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tenía siete años en 1999, cuando su padre fue víctima de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado mexicano y reconocido por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).
“Viene el Día del Padre. Es triste no poder abrazarlo”, narra Maggie (como cariñosamente le dicen) sobre los 26 años de ausencia de su Antonio, a quien siguen buscando. Sin embargo, aunque la sentencia del tribunal fue clara, medio año después el Estado mexicano ha incumplido con lo ordenado.
Lo único que el Estado hizo fue publicar la sentencia en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hasta ahí. En otros ordenamientos, como retomar la búsqueda efectiva de Antonio, brindar apoyo a la familia en calidad de víctimas y crear un espacio de memoria, el Estado queda a deber.
Así lo denunció el Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en un informe sobre el incumplimiento de la sentencia y una rueda de prensa esta tarde en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Uno de los incumplimientos graves de la sentencia, a juicio del Frayba y de la familia González Méndez, tiene que ver con un plan de investigación de Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de Chiapas, el cual contó con graves omisiones y deficiencias.
Se trata de un retroceso para el caso: aunque la CorIDH acreditó la responsabilidad del grupo paramilitar Paz y Justicia en la desaparición, para la Fiscalía esta sigue siendo una hipótesis, así como el perfil de Antonio (militante del zapatismo), cuando se ha demostrado la labor contrainsurgente del grupo paramilitar.
Otro de los puntos denunciados refiere a una indolente “jornada de búsqueda” que tuvo lugar a inicios de abril, que solo se hizo “por cumplir”, que consistió en reconocer el terreno y en el que tanto las prisas como el desconocimiento del caso por parte de las autoridades vulneró a las víctimas, señaló Chloe Stevenson, abogada del Frayba.
A estos incumplimientos se suma la censura de un espacio de memoria ordenado por la CorIDH, pues aunque hubo voluntad para colocar una placa conmemorativa de la desaparición en la Universidad Autónoma de Chiapas, las autoridades rechazaron que se incluyera la frase “desaparición forzada” y menciones a la militancia zapatista de Antonio.
Caso Radilla, incumplimiento de 15 años
Por el mismo delito, desaparición forzada, la CorIDH sentenció al Estado mexicano por su papel en el Caso Rosendo Radilla Pacheco, luchador social desaparecido en un retén militar el 25 de agosto de 1974, durante el periodo de la contrainsurgencia en Guerrero.
Por sus similitudes, el caso remite a la desaparición de González Méndez.
A Rosendo Radilla lo desaparecieron por su activismo social, por cantar corridos sobre Lucio Cabañas. Fue desaparecido en el marco del Plan Telaraña, creado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para exterminar opositores.
A González Méndez, lo desaparecieron también por su activismo, a raíz del Plan de Campaña Chiapas 1994 (también llamado Ofensiva Zedillo), diseñado también por la Sedena para “destruir y desorganizar la estructura militar del EZLN”.
Para Tita Radilla, hija de Rosendo e incansable luchadora por los derechos humanos, el incumplimiento de la sentencia persiste y aunque el sexenio pasado comenzó con voluntad política, las instituciones militares siguen resguardando sus archivos e intercediendo por sus altos mandos.
El año pasado, una sentencia emitida por un tribunal mexicano reconoció al gobierno como autor de terrorismo de Estado por la desaparición de Radilla y ordenó investigar incluso a Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Ernesto Zedillo. La sentencia fue impugnada por la Sedena.
“Son delitos que ofenden a la humanidad entera”, comentó Tita Radilla sobre la desaparición forzada de su padre, de Antonio y de activistas sociales perseguidos por el Estado.
