Presa Milpillas: comunidades en Zacatecas acusan simulación en proceso de consulta
Mientras el gobierno federal realizaba una consulta pública en Sombrerete, cientos de campesinos de Jiménez del Teul se reunían en asamblea paralela. Denuncian exclusión, simulación y un proyecto que inundaría 300 hectáreas para beneficiar a la industria minera y cervecera.
El río Atenco ha regado durante generaciones los cultivos de frijol, calabaza y guayaba. Ha dado de beber al venado, al jabalí y al pájaro carpintero de cabeza colorada. Pero desde hace una década, sus aguas están en el centro de un conflicto que enfrenta a comunidades campesinas con los gobiernos estatal y federal.
El motivo es la construcción de la presa Milpillas, un megaproyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó entre las obras prioritarias de su administración y que 8 años después no ha podido iniciarse. La presa, de 90 metros de altura —diez más que la presa El Zapotillo en Jalisco—, inundaría casi 300 hectáreas de tierras ejidales, afectando directamente a las comunidades de Atotonilco, El Potrero y La Lagunita.
Una década de acoso y amenazas
El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco nació hace una década como un intento de las comunidades para frenar el proyecto. Sus integrantes aseguran que la amenaza ha sido constante. “Hace más de 10 años que no nos dejan en paz”, declaró Imelda Sánchez al diario La Jornada. Sánchez es una madre de familia de la cabecera municipal que estuvo presente durante la asamblea comunitaria del pasado viernes.
“Vivimos en incertidumbre, en resistencia, de sentir cómo en nuestro territorio se toman decisiones sin mirarnos, sin escucharnos, sin respetarnos”.
La resistencia a la Presa Milpillas ha tenido un costo alto: defensores del río y su territorio han recibido amenazas de muerte. Algunos tuvieron que abandonar el país o mudarse a otras entidades. Paradójicamente, muchos de ellos viven inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, el 87 por ciento de la superficie afectada se concentra en Jiménez del Teul. El 86 por ciento del territorio que quedaría bajo el agua también está en ese municipio.
En contraste, Sombrerete —donde el gobierno decidió realizar la consulta pública— apenas sufriría el 13 por ciento de la afectación.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) calificó la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como un acto de “simulación institucional” que “vulnera de manera directa los derechos de las comunidades afectadas”. [“La organización calificó la decisión como un acto de ‘simulación institucional’ que ‘vulnera de manera directa los derechos de las comunidades afectadas'”, El Sol de Zacatecas, 13 de abril]
Dos consultas, un mismo día
El viernes 17 de abril, mientras funcionarios de Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) se reunían en el salón ejidal de Sombrerete ante 75 asistentes y varias decenas de sillas vacías, a 85 kilómetros de distancia ocurría otra cosa
En la explanada del Templo Parroquial San Andrés Apóstol, unas 300 personas ocuparon se sentaron bajo una lona mientras otras 200 se dispersaban hacia la sombra. La asamblea alterna, convocada por el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, duró casi tres horas y asistió el doble de personas que a la reunión oficial.
“No reconocemos las determinaciones y acuerdos a los que lleguen la Semarnat y el promovente del proyecto”, advirtió el Movimiento en un pronunciamiento público leído por dos menores al cierre de la asamblea.
Agua para las empresas, no para la gente
Los pobladores no solo denuncian exclusión. También cuestionan la viabilidad técnica del proyecto. Durante la asamblea, el investigador Darcy Tetreault, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), expuso las contradicciones del plan. Según su análisis, el déficit hídrico de la zona conurbada de Zacatecas asciende a aproximadamente 265 millones de metros cúbicos anuales. La presa Milpillas, incluso con las cifras más optimistas, apenas aportaría 41 millones. Cálculos más recientes reducen esa cifra a 28 millones.
“Se necesitarían no siete, sino hasta trece presas Milpillas para cubrir el déficit real”, explicó uno de los asistentes tras escuchar las ponencias, según la información recabada por el medio Pie de Página.
El costo del proyecto también se ha disparado. Lo que originalmente se estimó en 3 mil 200 millones de pesos ahora asciende a 8 mil 900 millones, de acuerdo con el gobierno de David Monreal Ávila.
Uno de los reclamos más recurrentes entre los habitantes es el destino final del agua. Sospechan que no abastecerá a la población, como promete el gobierno, sino a la industria minera y cervecera asentada en la región.
Durante la asamblea, Tetreault explicó que actualmente el agua subterránea de mejor calidad se entrega a empresas como Minera Peñasquito (de la estadounidense Newmont), la cervecería Grupo Modelo (propiedad de la estadounidense Anheuser-Busch InBev) y Grupo Minero México (de Germán Larrea Mota Velazco). Mientras que a la población se les abastece con agua subterránea, extraída cada vez a mayores profundidades, en su mayor parte contaminada, con concentraciones de flúor, arsénico y otros metales pesados.
Al final de la asamblea en Jiménez del Teul, los asistentes visitaron el río Atotonilco, donde unos 800 habitantes aún se benefician del caudal. Algunas mujeres, contaron, todavía lavan ropa en sus orillas.
El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco fue contundente en su pronunciamiento: “Exigimos la inmediata cancelación del proyecto de la presa Milpillas. Nosotras y nosotros hacemos público que no reconocemos las determinaciones y acuerdos a los que lleguen la SEMARNAT y el promovente del proyecto”.
