Comunidades atacadas por “Los Ardillos” exigen un alto a la guerra de exterminio
“Hoy traen sus tarjetas y apoyos a las comunidades; no equivale a la verdad y justicia”, dicen las comunidades.
A través del Manifiesto de Alcozacán, emitido por el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog–EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC–PC), las comunidades desplazadas por el grupo criminal “Los Ardillos” denunciaron una guerra de exterminio en su contra y acusaron directamente a los tres niveles de gobierno, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado, de simular la paz y encubrir los crímenes del grupo criminal.
A casi 20 días de la embestida con armas de alto calibre y drones con bombas, que obligó a más de 2 mil personas a desplazarse en los poblados de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, las comunidades afectadas califican como falsa la versión oficial sobre el retorno de los pobladores a sus pueblos.
Remarcan que Tula “está prácticamente desierta, sólo quedan algunas especies animales heridas y con mucho sufrimiento. El olor a muerte y el sufrimiento se perciben apenas al llegar a ella. Casas quemadas, casquillos de bala, libros y cuadernos escolares abandonados por niñas y niños, ollas en el fogón y trastes en la mesa, símbolo de la huida de vida o muerte cuando atacaron “Los Ardillos” el 6 de mayo”.
En el Manifiesto, las comunidades desplazadas también denuncian que no se han sentido escuchadas plenamente por las autoridades que han ido a la región, como la secretaria de Gobierno Rosa Icela; el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros y la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, a quien señalan de ser cómplice de su cuñado Celso Ortega Jiménez, líder máximo de “Los Ardillos”.
“Hoy traen sus tarjetas y apoyos a las comunidades, pero no queremos que con esto piensen que equivale a la verdad y justicia”, consignan la Cipog–EZ y la CRAC–PC.
Hace tres días, integrantes de la Misión Civil de Observación convocada por el Congreso Nacional Indígena para documentar la situación actual de los pueblos de Chilapa, denunciaron que el gobierno incumplió con su promesa de brindarles acompañamiento y medidas de seguridad, pues cuando la Misión se encontraba a unos minutos de llegar a Tlapa, fue notificada de que no habría acompañamiento de corporaciones de seguridad del Estado.
Exigen seguridad y cumplimiento de derechos
Ante la falta de soluciones institucionales, en el Manifiesto de Alcozacán las comunidades rechazan los programas sociales como solución de fondo. En su lugar, exigen la desarticulación y captura de los líderes de “Los Ardillos”, el retiro del cuartel militar en Alcozacán por considerarlo inoperante, y el control directo de los recursos presupuestales (Ramo 33) para evitar la extorsión municipal y poder financiar sus propias infraestructuras de salud, educación y seguridad comunitaria.
También piden que se instalen cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) que garanticen la seguridad de los caminos entre Alcozacán. “Ustedes decidieron meter a nuestra comunidad a las corporaciones de seguridad, pero queremos que entre ustedes y nosotros, en acuerdos reales y no en imposiciones, decidamos qué es mejor y donde es mejor instalar las Bases de Operaciones”, plantean al gobierno.
Amparadas en el derecho constitucional a la libre autodeterminación, las autoridades comunitarias advirtieron que continuarán con la resistencia armada y civil si el Estado no garantiza el cese de las hostilidades y el retorno seguro de las familias desplazadas.
Las comunidades también demandan el cumplimiento de sus derechos sociales y económicos más elementales, como la construcción de un mercado interno, un bachillerato con personal docente y un centro de salud ampliado. Asimismo, solicitan la instalación de un Banco del Bienestar en su localidad para evitar el peligroso trayecto hacia Chilapa, una ruta en la que los pobladores aledaños sufren constantemente de violencia a manos del crimen organizado.
Por otra parte, el pliego petitorio enfatiza la urgencia en materia de justicia y seguridad, reclamando la restitución total de las medidas del Mecanismo de Protección para el defensor Jesús Plácido Galindo y la salvaguarda de otros activistas en riesgo. De igual forma, exigen justicia para las familias de las 81 personas asesinadas y 25 desaparecidas en la región por la violencia criminal, así como su incorporación al programa de la CONAVI para el desarrollo y autoconstrucción de viviendas dignas.
“Hermanas y hermanos, esta guerra que “Los Ardillos” nos hacen, es para quedarse con nuestras tierras, para expulsarnos y apropiarse de todo (…) Pero también sabemos que hay pueblos que luchan y que defienden sus tierras, en Ostula, en Chiapas, en Oaxaca, en todo el territorio, los pueblos y comunidades luchan y resisten, también tenemos que resistir y luchar“, concluyen en el Manifiesto.
