Sheinbaum cancela presa La Parota; Cecop exige justicia
Sheinbaum cancela presa La Parota en Acapulco mientras comunidades del Cecop exigen justicia por líder asesinado y defensor preso.
La mañana de ayer, domingo 26 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la cancelación definitiva de la construcción de la presa La Parota, en Acapulco, Guerrero, un proyecto que dividió a las comunidades del Río Papagayo durante dos décadas. La presidenta dio el anuncio durante un mitin celebrado en el Polideportivo Cici Renacimiento, en Acapulco, aunque ya semanas antes había notificado la decisión a pobladores de las comunidades aledañas.
Mientras este anuncio tenía lugar, en el punto conocido como El Fraile, a un costado del río Papagayo, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró su 23 aniversario. Pero el encuentro, advirtió el abogado Rogelio Téliz García, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, no era una fiesta.
“No comparto que en este aniversario estemos de fiesta, porque no está Marco Antonio, que fue asesinado”, declaró Téliz García. “El Estado no mete aún a la cárcel a todos los que participaron en este evento delictivo”.
Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del Cecop, murió el 25 de abril de 2025, una semana después de recibir tres impactos de bala en playa Icacos, en Acapulco.
Sheinbaum presenta proyecto alterno a la Parota
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Polideportivo Cici Renacimiento llegó a la asamblea como una noticia esperada, pero insuficiente.
“Ayer les informé a toda la zona rural de Acapulco… que el proyecto de la presa de La Parota está cancelado, ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades”, declaró Sheinbaum durante el acto en el que entregó apoyos de la Pensión Mujeres Bienestar.
La obra, impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2003, prometía abastecer de agua potable y energía a la región del puerto, pero enfrentó durante más de dos décadas la oposición de comunidades indígenas y campesinas que denunciaban desplazamiento forzado y daño ambiental.
En sustitución del proyecto, la mandataria anunció la construcción de pozos radiales y tanques elevados que, según explicó, permitirán distribuir el agua por gravedad a distintas colonias de Acapulco.
“Estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco. Además van a ser tanques altos que permitan que por gravedad lleguen incluso, se bombea la parte alta y llegue a las distintas colonias”, detalló.
El plan alterno también contempla torres más altas en el río Papagayo —del cual proviene una parte importante del suministro de agua del puerto— para proteger las bombas ante futuras crecidas, luego de que los huracanes Otis en 2023 y John en 2024 dañaran la infraestructura existente. Además, Sheinbaum anunció el cambio de redes de agua potable en colonias de la parte alta, comenzando por Ciudad Renacimiento.
El Cecop: una organización bajo ataque
Pero la historia de La Parota y la resistencia de las comunidades aledañas se ha escrito siempre entre líneas, lejos de los anuncios oficiales de gobernadores y presidentes, y más cerca de crímenes que involucran desapariciones forzadas y asesinato de activistas.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) nació en 2003 con la intención de varias comunidades de defender el agua, la tierra, los recursos naturales y las actividades económicas de quienes históricamente han trabajado en el río.
“Fue un monstruo contra el que luchamos. La Comisión Federal de Electricidad vino a engañar a la gente, a comprar conciencias, los más débiles cayeron por una migaja que se les ofreció”, narró Marta Hernández Estrada, fundadora del Cecop, al evocar cómo en la historia de la organización tuvieron que recurrir a plantones, bloqueos y todo tipo de manifestaciones para frenar el avance de la presa, todo esto en medio de campañas de criminalización y acoso judicial.
El abogado Rogelio Téliz García criticó que la Cuarta Transformación avanza, pero para intereses personales, mientras que se persigue desde el Estado y se encarcela a defensores de derechos humanos en prisiones federales de alta seguridad. Recordó que Marco Antonio Suástegui fue enviado al penal federal de Nayarit, mientras que el responsable material de su homicidio fue encarcelado en el penal de Chilpancingo, lo que calificó como un trato preferencial.
Otro de los casos recientes que ha encendido la alerta entre los defensores es el de Jesús Plácido Galindo, integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata. El 23 de julio, el juez Celso Ubaldo de la Sancha, del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de los Bravo, vinculó a proceso a Plácido Galindo por el presunto delito de homicidio calificado de otro defensor nahua, José Pablo Xanteco Bartolo, en octubre 2021.
Los abogados del Centro Tlachinollan denuncian, sin embargo, que la carpeta de investigación fue fabricada. Aarón Díaz Salazar, uno de los defensores, señaló que dos testimonios incriminan a Plácido, pero que la defensa ofreció pruebas que hacen inverosímiles esas declaraciones. El juez no las tomó en consideración.
Una de las inconsistencias más graves, según la defensa, es que uno de los testigos clave, Marcos Campos Ahuejote, falleció en 2022. Sin embargo, su declaración apareció en el expediente con una fecha posterior, firmada con una credencial de elector que, de acuerdo con los abogados, fue utilizada por la Fiscalía de Chilapa para fabricar la entrevista.
Además, Jesús Plácido es parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos desde el 4 de enero del 2021. Jesús Plácido se desplazaba por las comunidades de Chilapa acompañado de la Guardia Nacional y la policía estatal, por lo que resulta difícil de creer que haya participado en un asesinato mientras era acompañado –y vigilado– por las autoridades.
Plácido, quien padece diabetes, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya. La medida cautelar de prisión preventiva sigue vigente. Téliz García subrayó que, al parecer, los defensores de derechos humanos tienen un destino reservado en los penales federales, y citó los casos de Arturo Campos, Nestora Salgado, Jesús Plácido Galindo, Ubaldo Segura y el propio Marco Antonio Suástegui.
Los abogados de Tlachinollan anunciaron que apelarán la resolución en un plazo de tres días, con la expectativa de que la sala de magistrados revise el caso. Javier Uribe, otro de los defensores, señaló que durante la audiencia se vertieron todas las inconsistencias e incongruencias de la carpeta, pero el juez consideró correcto el trabajo del ministerio público.
“Faltan sellos, códigos en la carpeta y un sinnúmero de cosas que nos llevan a considerar que la carpeta está fabricada en fecha posterior o reciente”, explicó Uribe.
