A los pies del Edificio Trevi, cuyos habitantes fueron víctimas de un desalojo forzoso hace seis años, se reúnen decenas de vecinos y representantes de organizaciones opuestas a la gentrificación y a que colonias enteras de la Ciudad de México se conviertan en zonas de sacrificio en honor a Airbnb.
Es la noche del pasado miércoles 11 de noviembre y los asistentes colocan una placa conmemorativa frente a la Alameda: “Edificio Trevi. Colón esquina Doctor Mora. Por 60 años fue vivienda y comercio popular”. Es un pequeño acto de memoria a los esfuerzos de quienes resistieron dos años el violento proceso de su expulsión del barrio.
A estas mismas horas, cientos de miles de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid se movilizan en España en lucha por el derecho a la vivienda. Acá, en el Centro Histórico, el acto se convierte en un convite en plena calle, con ollas humeantes y café, en una jornada más de resistencia contra la gentrificación en Ciudad de México. Esta es la crónica.
Hace unos días, a principios de noviembre, Alejandra Delagranja se enteró de que a los inquilinos de Sabino 201, en la colonia Santa María la Ribera, les habían “pedido” sus departamentos. Los nuevos dueños del edificio dijeron que deseaban remodelarlo, quizá buscar otro perfil de habitantes: cambiar de mercado, pues. Sintió un nudo apretándole el estómago.
Alejandra vivió un par de años justo enfrente, cruzando la calle, en Sabino 208, un enorme edificio estilo art decó con más de 40 departamentos. “La vida era perfecta allí: había una comunidad chida, un mercado cerca, mucha vida”. Fue desalojada en septiembre de 2023. No fue sorpresivo, ni siquiera violento en términos físicos y, durante un tiempo, ella misma no le llamaba “desalojo” a su propio proceso.
Un buen día, una carta apareció bajo su puerta. Le avisaban que su contrato de arrendamiento no sería renovado. La inmobiliaria argumentó que se llevaría a cabo una “remodelación integral” del inmueble y lo necesitaba vacío en dos o tres meses.
La historia se repite tres años después, justo en el edificio de enfrente.
–La Santa María la Ribera ha cambiado de manera muy rápida: cada vez hay más anuncios de Airbnb en las calles, ferias y galerías de arte, restaurantes carísimos, cafés de especialidad. Y muchos desalojos son así: silenciosos.
Alejandra me cuenta esto mientras caminamos por el Centro Histórico, a unos pasos de la Alameda Central. Es miércoles, 11 de noviembre. Hace unos días comenzó a circular por Instagram y Whatsapp la invitación a un acto de memoria y protesta en la esquina de Doctor Mora con Colón, a los pies del Edificio Trevi, el lugar del cual yo fui desalojado de manera forzada en 2019 –el lugar hacia donde caminamos ahora–.
La convocatoria estaba firmada por el Frente Antigentrificación, Obrera para lxs Obrerxs, el café La Resistencia y vecinos de República de Cuba 11 y del Edificio Isabel en Tacubaya, colectivos organizados de la Ciudad de México en torno a la defensa de la vivienda frente a la gentrificación.
El Edificio Trevi es hoy un hotel a punto de comenzar a operar. Miramos su fachada mientras anochece. Me cuesta responderle: el inmueble está irreconocible. Dos pisos han sido añadidos a su estructura, una iluminación tenue destaca los detalles de la nueva herrería de sus balcones y la palabra “Boca” brilla con luz neón en su cornisa más alta.
Durante años, este edificio fue habitado por unas 30 familias. Existen fotos posteriores al terremoto del 85, en las que el edificio luce pancartas dirigidas a Miguel de la Madrid: “Presidente: este edificio es vivienda popular. ¡La vivienda se defiende!”.
La historia se ha contado tal vez demasiadas veces: la familia Cabrera-Villoro decidió vender el inmueble a un fideicomiso cuyo titular era Banca Mifel y la rama inmobiliaria de la empresa Público Coworking: Iterativa. Aunque ellos fueron los responsables del desalojo masivo, Claudia Zamorano –especialista en temas urbanos– me cuenta que el edificio ahora pertenece a la cadena de hoteles Marriot.
–En la parte de arriba tienen una alberca –dice Zamorano mientras señala a un hombre que nos mira desde el techo–. Fusionaron el predio con el de al lado, donde solía estar el restaurante El Hórreo, que también desalojaron.
Hace unos días se cumplieron seis años desde que los vecinos del edificio, tras llegar a un acuerdo con la inmobiliaria para desistir de nuestra demanda, cedimos el último espacio de este inmueble: el Café Trevi. Durante un año y medio, esa antigua cafetería se convirtió en una trinchera para celebrar fiestas, charlas, asambleas, talleres y encuentros que convocaron a académicos, músicos, activistas y vecinos de toda la Ciudad de México preocupados por lo que en aquel entonces comenzaba a conocerse como el “fenómeno de la gentrificación”.
–Estamos convencidos de que la resistencia del Trevi merece no sólo ser reconocida, sino buscar alternativas para una justicia restaurativa –dice Alejandra Baca al megáfono frente a una multitud que no tarda en llamar la atención de la policía–. Durante año y medio los habitantes del Trevi abrieron las puertas de sus casas y negocios para debatir sobre la gentrificación y transparentar su batalla legal. Como pocas veces, los desalojos forzados y el derecho a la vivienda se convirtieron en un tema de conversación amplio.
Mientras Alejandra lee estas palabras al megáfono, un grupo instala una placa de cemento enfrente del edificio: “Edificio Trevi. Colón esquina Doctor Mora. Por 60 años fue vivienda y comercio popular. En 2018, Público Coworking/Inmobiliaria Iterativa y Banca Mifel lo compraron para convertirlo en un hotel para nómadas digitales y Airbnb. Los vecinos encabezaron una lucha emblemática contra la gentrificación en Ciudad de México”.
La placa me hace sonreír. No tanto por su contenido como por su forma: el rectángulo simula los mensajes que dejan los niños cuando escriben sobre el cemento fresco. Fue hecha por Blanca Reyes, una artista visual desalojada con extrema violencia de un departamento en la calle Fernando Ramírez número 148, colonia Obrera, hace tres años. Desde entonces ha tenido que cambiar de casa al menos seis veces.
De la pandemia al mundial: una emergencia provocada
La ciudad se está saliendo de madre: todos los presentes saben. Poco después del desalojo del Trevi, las pocas restricciones sanitarias asumidas durante la pandemia, el clima, la conectividad y el Memorándum de entendimiento que el gobierno capitalino firmó con la empresa Airbnb convirtió a la Ciudad de México en una suerte de parque de atracciones para turistas. De golpe, el número de espacios disponibles para Airbnb pasó de 19 mil a 25 mil.
Desde entonces todo se ha ido a pique. Un análisis realizado por el Proyecto Memorial Urbano con los datos más recientes de la plataforma Insight Airbnb revela una realidad arrolladora. Hasta ahora, se sabía que Airbnb se había incrementado a medida que se aproximaba el Mundial. Pero se desconocía la dimensión exacta: en los seis meses previos al Mundial de Futbol la oferta de Airbnb en la capital creció 35.23%.
Esto significa que cada 24 horas, 28 casas se convirtieron en espacios turísticos. Y ya no fueron sólo habitaciones sino viviendas enteras: 21 mil en total, 45% de las cuales son administradas por un pequeño grupo de anfitriones.
Lo que ocurrió en el Edificio Trevi anticipó ese modelo: durante más de un año, los socios de Iterativa anunciaron en numerosas ocasiones que allí se levantaría un hotel para “nómadas digitales” a través de Airbnb.
Pocos meses después del desalojo, el mismo gobierno de la capital cobijó el proyecto como emblema de la rehabilitación del Centro Histórico. El tiempo pasó y el edificio cambió de manos, el uso de suelo pasó de habitacional a comercial y en pocos meses comenzará a operar como un hotel más de la zona.
Los desalojos no han parado desde entonces. Entre 2020 y 2026, se cuentan mínimo 160 desalojos, que son una pequeña parte del número real, sólo los que la prensa alcanzó a registrar. Al menos 30 ocurrieron en el Centro Histórico: en las calles 5 de Mayo o Artículo 123, en López y en Belisario Domínguez, en Donceles, República de Cuba, Luis Moya…
Y en los seis meses previos al Mundial de Futbol, en la alcaldía Cuauhtémoc aparecieron 3 mil 248 nuevos espacios de Airbnb. En colonias como el Centro Histórico, la Tabacalera y Granada, la mitad de la vivienda disponible ya se ofrece sólo en alquiler de corta estancia. Lo mismo pasa en la Roma Norte, en la Juárez, en la San Joaquín, Cuauhtémoc e Hipódromo: allí, cuatro de cada 10 viviendas ya son Airbnb.
Pienso en esto mientras un grupo de activistas antigentrificación y vecinos desalojados de distintos puntos atraviesa la Alameda Central. Son poco más de 50, quizás. Se dirigen a la cafetería La Resistencia, donde bloquearán la calle para instalar una mesa y celebrar un convite: compartir la sopa, el pan, el café, para hablar sobre lo que está sucediendo tanto en México como en España, donde el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha declarado una huelga general por exactamente el mismo problema: la especulación financiera que ha convertido a la vivienda en una mercancía en donde la gente estorba.
Un grupo de mujeres grita una consigna que imita el pregón del fierro viejo:
¡Se cooompran
edificios con inquilinos
y jueces,
notarios corruptos
actuarios ojetes,
abogados chambones,
funcionarios floreros
o algo de barrio viejo que vendaaan!
Una ley de rentas justas para esta ciudad piñata
Sobre la calle República de Cuba, interrumpiendo el paso de los autos, el café La Resistencia ha instalado una gran mesa en donde humean varias ollas de sopa, lentejas, arroz, huevos duros, chicharrón y guacamole, focaccias, tortas y sandwiches de jamón, lentejas, ensalada de nopales, agua de tamarindo, pan dulce, café.
Al fondo, Blanca Reyes y Lágrimas Lacrimógenas han instalado unas planchas serigráficas con las que imprimen en carteles y playeras la imagen de un Mickey Mouse con el signo de pesos en los ojos, un par de llaves que cuelgan de sus dedos gordos y la leyenda: “Los caseros nos roban el sueldo”.
Hay algunas personas españolas que sonríen alrededor de la mesa. Durante este miércoles, se llevó a cabo una huelga general en España convocada por el Sindicato de Inquilinas, luego de años de padecer miles de desahucios a causa del turismo y los llamados “fondos buitre”: compañías que especulan con las deudas, las hipotecas y las viviendas convertidas en activo financiero .
Hace unos días, el Sindicato de Inquilinas de Madrid tuvo algunas reuniones virtuales con vecinas del Edificio Isabel y de Cuba 11. Por eso estamos aquí, bloqueando la calle con una olla popular, una bocina y un megáfono, en respuesta a la convocatoria para acompañar a las cientos de miles de personas que hace unas horas salieron a las calles –400 mil en Madrid y 400 mil en Barcelona, según las organizaciones– para exigir vivienda y salarios dignos: “Primero nos roban la fuerza laboral, luego el salario a través de la renta”.
Este convite representa también la oportunidad para que los distintos grupos, colectivos y personas desalojadas en la Ciudad de México se encuentren y compartan información entre sí y con sus pares internacionales. En la mesa, por ejemplo, también están un par de mujeres del Rent Control Group, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde se viven situaciones similares.
En total, son alrededor de 70 personas provenientes de Tacubaya, de las colonias Roma, Portales, Obrera, Moderna, Santa María la Ribera. Ahí están Jorge, Rocío, Manuel, Angélica, quienes fueron desalojados del edificio de Cuba 11 en 2025 y hace unas semanas –luego de un año de acampar en la banqueta y de ver morir a tres de sus vecinos– lograron que el gobierno capitalino expropiara el edificio en su favor.
Más tarde llega Rufina Galindo, quien luego de ser desalojada del número 68 de la calle Emiliano Zapata –un par de calles al oriente de Palacio Nacional– logró que el gobierno le otorgara en crédito un departamento en un edificio de vivienda social en Garibaldi. Es una de las fundadoras de la Red de Desalojadas de la Ciudad de México.
–Compañeros, yo fui afortunada pero sigo aquí luchando –dice Rufina, de 72 años–. Porque en esta lucha, pues, conocí a mucha gente que todavía no tiene vivienda: yo no quiero dejar de apoyar hasta que vea que todos mis compañeros tienen dónde vivir. Lo que quiero que entiendan es que si quieren dejar de rentar, si queremos de veras una vivienda, pues hay que luchar. Y las luchas no se acaban hasta que se ganan.
Aquí está también Alejandra Delagranja, la vecina de Santa María la Ribera. Tras ser desalojada de Sabino 208 en 2023, logró alquilar un espacio a unas cuadras de distancia, todavía dentro de la colonia. Habían pasado solo dos años cuando el administrador del edificio le advirtió que le subiría el costo del alquiler en varios miles de pesos para el siguiente contrato.
–Es imposible que yo pague esa renta –me comentó en marzo pasado–. La verdad es que con el ajetreo de la vida, todavía no he podido ni acomodarme bien, todavía ni he colgado mis cuadros, todavía no he logrado recuperar una vida normal y ya me voy a tener que ir.
Alejandra no tiene un empleo formal, lo cual le complica la existencia cada que debe firmar un contrato de arrendamiento. Todavía en mayo pasado estaba pensando muy seriamente en abandonar la ciudad: no quería volver a vivir el estrés de encontrar un lugar nuevo que no pidiera tres depósitos por adelantado, un comprobante de ingreso y las perlas de la virgen para rentarle.
Si algo la detuvo fue que, para ese momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había avalado la constitucionalidad de la reforma al Código Civil que establecía un tope al incremento anual del alquiler –en teoría ningún casero podría aumentar la renta más que el porcentaje inflacionario anual–, desestimando el amparo con el que la empresa Urbanhub buscaba echar abajo la regulación.
Ella tuvo la suerte de recibir consejo y acompañamiento de algunas de las redes y organizaciones vecinales que han surgido en la ciudad durante los últimos años. La Clínica de Vivienda María Luisa Marín de la Universidad Iberoamericana le proporcionó asesoría y su caso fue registrado en los videos del Proyecto Memorial Urbano. Más allá de la efectividad en tribunales, la legislación le otorgó herramientas de negociación con su casero, quien tuvo que reconsiderar y meter reversa.
De vez en cuando camina por los alrededores de Sabino 208, su anterior domicilio, para saludar a viejos amigos. El edificio, en efecto, sufrió una remodelación intensa. La obra fue suspendida en un par de ocasiones. En el verano pasado alguien grafiteó en el muro un mensaje similar al que se hizo esta noche sobre el edificio Trevi: “De aquí desalojaron familias”. Pero las obras siguieron. Durante un tiempo, de una de sus ventanas colgó una manta promocional de Alessandra Rojo de la Vega, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc.
Tras meses y meses de polvo y ruido, el edificio está a punto de ser inaugurado. Los muros han sido pintados de verde turquesa; recién hace unas semanas, los trabajadores instalaron un juego de luminarias tenues que definen aún más la nueva herrería estilo art decó de su portón.
Unos pasos más al sur, sobre la calle Sabino en la esquina con el Eje 1, el Edificio Puebla ha comenzado a ser habitado de nuevo tras atravesar una remodelación similar. Allí solía ubicarse el Taller Selenium: un estudio que preservaba antiguas técnicas de revelado fotográfico y cuya comunidad –dos de ellos inquilinos del mismo edificio– documentó en varias ocasiones los desalojos del Edificio Trevi y otros predios de las colonias céntricas. Luego de cuatros años de una resistencia legal y pacífica contra su desalojo, dejaron el edificio con la frente en alto y una indemnización de por medio.
Mientras, los diputados del Congreso capitalino han estado discutiendo en estos días justamente la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Adecuadas y Asequibles presentada el mes pasado por la jefa de gobierno, Clara Brugada. La discusión no es menor: desde las huelgas inquilinarias de 1922 y a pesar de las movilizaciones de vecinos después del terremoto de 1985, la ciudad nunca logró consolidar una ley de rentas.
La iniciativa incluye algunas medidas que podrían ayudar a equilibrar el ecosistema inquilinario: desde la creación de una “Defensoría de las Relaciones Inquilinarias”, hasta limitar explícitamente algunos de los muchos abusos de los arrendadores –cobro de hasta cuatro meses de depósito para firmar un contrato o investigaciones pagadas por la misma persona inquilina–, evitar el aumento excesivo de renta y algunos mecanismos que buscan evitar desalojos forzados y violentos, por ejemplo.
No es una ley perfecta. Organizaciones vecinales y especialistas han señalado que requiere, por lo menos, 12 modificaciones para ser viable. Por el otro lado, en los medios de comunicación han comenzado a amplificarse las voces de “anfitriones” de Airbnb, empresarios inmobiliarios y notarios que impulsan una campaña de pánico –“la ley es un ataque a la propiedad privada”– y hacen todo lo posible por evitar cualquier tipo de regulación.
Han llegado al extremo de contratar influencers en redes sociales para que emitan opiniones en ese sentido. A esto se suma que varios diputados, principalmente del PAN y del Partido Verde Ecologista –aliado de Morena–, han expresado su total rechazo a la iniciativa.
En el convite de República de Cuba, los vecinos desalojados coinciden en que es preciso exigir que la ley se discuta atendiendo también, y sobre todo, las voces de los principales afectados, las más de 20 mil familias que cada año tienen que abandonar los barrios de la Ciudad de México porque pagar el alquiler se ha convertido en algo imposible.
Conseguir que las autoridades los escuchen podría parecer una quimera, más si se toma en cuenta el peso de los negocios millonarios que están en juego. Pero las personas presentes en este convite acumulan ya varios puñados de victorias, no todas discretas.
Es cerca de medianoche cuando platos y sillas comienzan a recogerse.
Parece que todo termina.
Iluminada por las luces de un semáforo, aparece de pronto la maestra Maricela Jasso cargando varios bultos de piñatas de todos los tamaños. Es una mujer de 74 años chaparrita, de pelo rizado. En 2024 fue desalojada, junto con nieto, de su casa en la colonia Roma. El edificio fue demolido y en su lugar se construyó un edificio un poco más grande que hoy es utilizado sólo para rentas de corta estancia. A principios de este año se convirtió en una de las primeras mujeres en ser beneficiadas por el programa de vivienda en renta del gobierno de la ciudad y pudo regresar a su antiguo barrio pagando un alquiler accesible.
Como Rufina, Maricela sigue en las calles aunque ya tiene una casa. Suele aparecer así en reuniones o manifestaciones, a veces sin conocer a nadie pero cargando una gran piñata con la forma del logotipo de Airbnb, de la Torre Mítika o de una tradicional estrella con algún mensaje pegado a su superficie. A veces también regala a los asistentes pequeñas casas o edificios hechos con materiales reciclados. Sus maquetas poco a poco se han convertido en uno de los sellos distintivos de la lucha chilanga contra la gentrificación. Sus piñatas, además, cumplen un alto objetivo terapéutico: descargar a palos toda la ansiedad o la rabia acumulada por esta ciudad cada vez más imposible de habitar y, antes de que la noche acabe, convertir el desasosiego en otro convite de tamborcitos, duvalines y otros dulces de colación.
