Centros de tratamiento de adicciones: el foco oculto de la tortura en México
Documenta denuncia que el 90% de los centros de tratamiento de adicciones opera con opacidad, pues no están regulados debidamente.
Visten chalecos, graban sus operativos y los suben a TikTok. Se hacen llamar “La Patrulla Espiritual” y se han vuelto populares por una práctica ilegal: “levantar” personas en situación de calle para internarlos en centros de supuesta rehabilitación. El pasado 9 de mayo, Karim Emmanuel, una mujer trans, fue privada de su libertad por este grupo en Tijuana. La encerraron, le cortaron el cabello, la vistieron como hombre y la humillaron en redes.
La fiscalía de Baja California ya investiga y 150 organizaciones denuncian que la práctica de la Patrulla Espiritual no constituye una terapia sino una ECOSIG: Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Esta práctica, que ciertos grupos religiosos llamaban “terapia de conversión”, hoy está tipificada bajo el delito de tortura en México y es considerada una violación a los derechos humanos.
Pero las torturas son la orden del día en muchos centros de rehabilitación, anexos y retiros para tratar adicciones o consumos problemáticos de sustancias.
“Son de los focos más graves y menos visibilizados de la tortura en México”, plantea la organización Documenta hoy, viernes 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Menos del 10% de las clínicas de tratamiento en el país están debidamente reguladas, lo cual deja un vacío en sus operaciones y da pie a la opacidad en estos centros.
Documenta denuncia que, debido a la escasa inversión por parte del Estado Mexicano en servicios de salud mental de primer nivel, han proliferado centros privados de atención residencial sin una regulación efectiva, lo cual permite distintos grados de violaciones a los derechos humanos en los pacientes.
En México, por ley, los derechos humanos y el consentimiento deben ser la base de cualquier tratamiento. Así lo establece la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, desde su reforma en 2022.
“El internamiento de la población usuaria de los servicios de salud mental y las personas con consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona, así como los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables”, consigna la Ley.
Sin embargo, diversas organizaciones y periodistas siguen documentando casos de tortura y violaciones a los derechos humanos en los centros de tratamiento de adicciones: violencia sexual, trata de personas, trabajo forzado, explotación de la niñez, internamientos involuntarios.
Andrés (su nombre fue cambiado por temor a represalias) estuvo internado, sin su consentimiento, en una clínica del Estado de México. Compartió su testimonio con Documenta, en donde señala que desde su ingreso al centro fue víctima de tortura.
“Llegando, luego luego te dan tu chinga. Ya que te dieron tu chinga, te acuestan en un tapete y ahí te dejan 15 días acostado en una capilla. Te dan de comer puro pan remojado con agua, te dan verduras echadas a perder, te dan rabadilla de pollo o lo que ellos encuentren. Los internos vivíamos de la chingada”, recuerda Andrés.
Denuncia que en la clínica dormían más de 200 personas apretadas en tres cuartos, que había sólo tres baños y un mingitorio para todos, y que los hacían trabajar de 7 de la mañana a 8 de la noche sin descanso y sin pago. Si protestaban, los castigaban hincados hasta que les sangraban las rodillas. “¿Cómo puede ser que esté pasando esto y nadie haga nada?”, cuestiona Andrés.
Masacres en centros de tratamiento de adicciones
En los casos más extremos, la violencia en centros de tratamiento de adicciones ha derivado en masacres. Tan sólo en Guanajuato se han registrado cuatro masacres en centros desde el 2020, en donde fueron asesinadas al menos 60 personas.
“Las violencias presentes en los entornos de tratamiento no son hechos aislados, sino que están íntimamente relacionadas con fenómenos estructurales como la criminalización de la pobreza, la exclusión social, el estigma hacia las personas consumidoras y la ausencia de redes de apoyo y de oportunidades”, señala Documenta.
En febrero de este año, expertos del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, expresaron su preocupación por las condiciones y prácticas coercitivas en los centros de tratamiento que operan sin la debida regulación.
México, riesgo alto en tortura
En el Índice Global de Tortura, la Organización Mundial contra la Tortura indica que México presenta un umbral de riesgo ALTO.
Las bases de datos del propio gobierno federal revelan que entre enero y abril de 2026, el Secretariado Ejecutivo documentó 1,085 víctimas de tortura en el fuero común, es decir, un promedio de casi nueve personas torturadas cada día en el país.
Documenta señala que desde 2022 no ha sido renovado el órgano de gobierno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y hace un llamado para que el Estado mexicano reconozca públicamente la persistencia de la tortura en el país y apruebe de forma inmediata el Programa Nacional contra la Tortura –que lleva 9 años en espera–, sin el cual no existe diagnóstico ni política pública nacional.
Para combatir la tortura y otros riesgos, la organización pide que los centros de tratamiento de adicciones sean regulados y registrados, y que se reconozcan legalmente los servicios de reducción de daños como modelo esencial de tratamiento, así como el fortalecimiento de los programas de apoyo comunitario.
Exige, además, que se fortalezcan las fiscalías especializadas en tortura, con autonomía, recursos y políticas de persecución penal que incluyan a las cadenas de mando.
