Guerrero: 264 familias desplazadas por la violencia regresan a la Montaña
El gobierno federal reporta el retorno del 84% de los desplazados en la Montaña de Guerrero, pero expertos advierten que sin desmantelar a Los Ardillos la paz no será duradera
Tres meses después de que una serie de ataques armados, que incluyó bombas lanzadas desde drones en la Montaña de Guerrero, las autoridades federales anunciaron que, de las 316 familias desplazadas que constan en el registro oficial del último año, 264 han vuelto a sus lugares de origen: el 84%.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, precisó que 52 hogares aún no han retornado, aunque reconoció que una parte de ellos —cifra sobre la que existen versiones distintas— podría haber optado por reubicarse definitivamente fuera de la región. Se trata del primer avance presentado del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, el cual se propuso hace meses atender a 17 comunidades afectadas por la violencia armada y específicamente a las familias desplazadas por la violencia armada. El informe fue presentado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional en Chilapa de Álvarez.
Un ‘Plan Maestro’ para el retorno de familias desplazadas de la Montaña de Guerrero
La escalada de violencia que desató el desplazamiento de cientos de personas comenzó el 6 de mayo, cuando habitantes de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán denunciaron que estaban siendo atacados por el grupo criminal Los Ardillos. Además de lanzar explosivos desde el aire por medio de rones, los reportes comunitarios señalaron el uso de armas de alto poder y la quema de casas.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atribuyó la violencia a una disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos, dos organizaciones con presencia histórica en el estado, pero también criminalizó a las policías comunitarias de la región. Jesús Plácido Galindo, líder del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) permanece en prisión luego de denunciar los vínculos entre la policía municipal, los ayuntamientos y el crimen organizado.
La disparidad en las cifras de afectados ha sido una constante desde el inicio de la crisis: mientras las autoridades federales reconocieron en un primer momento 96 desplazados, el Consejo Nacional Indígena elevó la cifra a más de dos mil personas, además de contabilizar 81 muertos y 25 desaparecidos.
Rosa Icela Rodríguez afirmó que la estrategia gubernamental ha consistido en mantener un acompañamiento continuo a los damnificados por la violencia en Guerrero, reforzar la vigilancia en las localidades afectadas y establecer las bases para que las familias desplazadas de la Montaña lograran su retorno en condiciones de paz y seguridad. El acompañamiento ininterrumpido, aseguró, permitió el regreso reciente de familias a Tula y Xicotlán.
“Desde el primer día hemos acompañado a las personas afectadas por el desplazamiento”, sostuvo. “Quiero transmitirles a los habitantes de la Montaña que el gobierno federal no abandonará este territorio” dijo y anunció que elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal mantendrían presencia en la zona.
La respuesta gubernamental incluyó el envío de 690 militares, 400 guardias nacionales y 200 agentes de la policía estatal, así como aeronaves, unidades de emergencia y equipos sanitarios. Se establecieron nueve bases de operación interinstitucionales y se realizaron 256 acciones de vigilancia y proximidad social, según detalló la Secretaría de Gobernación. El llamado “Plan Maestro” está organizado alrededor de trece líneas de acción: pacificación, seguridad, justicia, desarrollo agropecuario, protección ambiental, salud, cultura, bienestar social, educación, obras públicas, conectividad digital, nutrición y vivienda. Las acciones han beneficiado a 19 comunidades de los municipios de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán de Tablas.
El ámbito sanitario ha concetrado buena parte de los esfuerzos: las autoridades han reportado más de 5.500 consultas, que abarcan desde medicina general y odontología hasta apoyo psicológico y nutricional, junto con campañas de vacunación, en una zona históricamente olvidada y sin servicios de salud o educación básicos. La salud emocional fue atendida con 116 intervenciones que beneficiaron a 854 personas, a cargo de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental.
Para que las familias pudieran volver a Tula —la comunidad más golpeada por los ataques iniciales—, el gobierno estatal realizó ocho jornadas comunitarias con entrega de láminas galvanizadas, pintura, enseres domésticos y luminarias. También se restableció el sistema de agua potable mediante la limpieza de la fuente de captación y la sustitución de mangueras. Para quienes vieron destruidas o dañadas sus casas, el gobierno dispuso una compensación de 18.000 pesos por vivienda, que alcanzó a 239 familias, según el reporte oficial. En el capítulo de infraestructura, se han ejecutado ocho proyectos de caminos rurales, seis en localidades del municipio de Chilapa y dos en Olinalá, que han demandado una inversión de 52,65 millones de pesos. Uno de los anuncios más relevantes del evento fue la inauguración de los trabajos de mejora en la vía que conecta Chilapa con Atzacualoya, un reclamo histórico de los pobladores, que demandó una inversión aproximada de diez millones de pesos.
El riesgo de nuevos desplazamientos
A pesar de los avances, las comunidades indígenas han insistido en que el retorno no será definitivo si no se desmantelan las estructuras criminales que operan en la región. Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reconoció que la presencia gubernamental en la zona representa un avance significativo, pero alertó sobre un riesgo latente: que las autoridades no profundicen en la investigación de las redes criminales que han echado raíces en la región. “Que no se llegue al fondo, porque eso va a ser el problema”, advirtió el defensor, quien atribuyó el arraigo de estos grupos a décadas de abandono institucional y falta de justicia.
El subsecretario Arturo Medina precisó que el primer regreso del que se tiene registro data del 14 de mayo, cuando 118 personas volvieron a Xicotlán. El retorno más reciente tuvo lugar en los días previos al informe, con el regreso de 17 familias a Tula, la localidad que sufrió los embates más severos al inicio de la crisis. Medina subrayó que los retornos no fueron espontáneos, sino que se realizaron recorridos previos en comunidades como Teticí, El Refugio y Tecorrales para confirmar que existían condiciones de seguridad.
Rosa Icela Rodríguez adelantó que regresará próximamente a Guerrero acompañada de la secretaria de Agricultura, Columba López, para entregar maíz y frijol a las comunidades.
La organización Insight Crime ha documentado que el conflicto en Chilapa tiene raíces en la disputa por el control territorial que se recrudeció después de la desintegración de la Organización Beltrán Leyva en 2010. La región, ubicada en la sierra de Guerrero, es estratégica para el narcotráfico debido a la abundancia de cultivos de amapola, materia prima para la heroína. Nueve presidentes municipales de la región Centro y la Montaña Baja habían acusado previamente “omisión e indiferencia” por parte de las autoridades federales y estatales ante los ataques de Los Ardillos.
Barrera Hernández también denunció que los grupos criminales controlan los accesos a las comunidades: “Ellos recorren los caminos, tienen tomadas las entradas de los pueblos para poder controlar la salida y entrada de las personas, ha habido asesinatos en los caminos, ha habido casos de desapariciones, ha habido enfrentamientos, balaceras y también situaciones muy graves de asesinatos en las carreteras”, señaló en una entrevista con IMER Noticias.
