Los hallazgos de la Misión de Observación en San Lorenzo Azqueltán
La Misión de Observación en San Lorenzo Azqueltán recabó testimonios de violencia, pero también de resistencia y defensa del territorio.
La Misión Civil de Observación en San Lorenzo Azqueltán, realizada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) encontró un clima de tensión respecto a la lucha de la comunidad tepehuana y wixárica por el reconocimiento de la propiedad de sus tierras.
La semana pasada, activistas y asesores legales realizaron la Misión de Observación, además, sostuvieron reuniones con autoridades de Jalisco, las cuáles mostraron disposición a resolver el conflicto territorial, enmarcado en una escalada de violencia contra las comunidades indígenas.
El derecho ancestral de habitar
La comunidad tepehuana y wixárica pelea en los tribunales agrarios, desde el año 2015, su derecho a poseer más de 39 mil hectáreas de tierras, cuya propidad está acreditada en un título virreinal que data del Siglo XVIII. Dichas tierras son defendidas de cacicazgos locales y de “pequeños propietarios” que han amenazado con desplazar a los habitantes.
Tan solo el año pasado, la comunidad registró el homicidio de su representante agrario, Marcos Aguilar Rojas, unas semanas después de que un comando de presuntos policías ingresaran a la comunidad en un intento de despojo.
En 2019, un secuestro y agresión contra comuneros agregó presión al proceso judicial por la defensa del territorio. Actualmente, las víctimas (Noe Aguilar Rojas y Rafael Aguilar Márquez) esperan una audiencia donde se definirá una reparación del daño.
Aunado a las intimidaciones de los líderes, la Misión alertó por los procesos judiciales enderezados contra comuneros, mientras que las denuncias interpuestas por la comunidad no avanzan.
“Mantener la posesión de sus tierras ancestrales les ha traído procesos de criminalización, donde personas ajenas a la comunidad han presentado denuncias en contra de las autoridades comunales, buscando debilitar la estructura comunal y señalarlos como delincuentes por defender su posesión y el territorio ancestral”, se lee en el comunicado difundido por la Red TDT.
Actualmente, existen dos carpetas de investigación tramitadas contra 17 comuneros.
La Misión recabó además testimonios que dan cuenta de la violación al derecho de la autoadscripción indígena. En diversos casos, las autoridades locales omiten este derecho, lo que impacta en apoyos sociales, la inclusión de políticas públicas y el reconocimiento a sus formas de autogobierno.
Otros hallazgos y acuerdos
En contraste con las agresiones que acarrean los procesos de reclamación de tierras, la Misión destacó la participación de mujeres y menores de edad en la vida de San Lorenzo Azqueltán.
“Las mujeres enfrentan este contexto de riesgo con prácticas cotidianas de cuidado, defensa y organización. Fuera de una narrativa de victimización, documentamos su papel activo, sostienen asambleas, acompañan y dirigen los trabajos, defienden espacios ceremoniales, protegen a las infancias y denuncian agresiones”, constató la Misión de Observación.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, estos también se suman al cuidado y la defensa del territorio, así como a otras actividades. “Su presencia atenta en los espacios comunitarios es la forma en que la comunidad asegura la continuidad de su vida frente a la impunidad”, dice la Red.
Respecto a los acuerdos alcanzados con las autoridades de Jalisco, la Red TDT destacó:
- El compromiso de la Dirección de Asuntos Agrarios para avanzar en la clarificación de la situación territorial y socializar la información con las partes involucradas.
- De parte de la Comisión Estatal Indígena, acercar programas sociales a la comunidad.
- Reuniones de seguimiento con la Fiscalía del Estado y otras autoridades competentes para atender las denuncias existentes y combatir la impunidad que persiste frente a los hechos de violencia.
- Que los procesos judiciales y de mediación se lleven a cabo bajo una perspectiva intercultural.
- Proporcionar medidas de ayuda, asistencia, atención y asesoría jurídica a quienes han sido víctimas de la violencia cometida de manera sistemática contra las y los comuneros.
