Aunque la Fiscalía no pudo ubicar a Evo Morales en su presunto domicilio en Trópico de Cochabamba, el expresidente de Bolivia fue notificado a través de un edicto en periódicos nacionales: en su contra pesa un pliego acusatorio de 170 pruebas por el delito de trata agravada.
También responsabiliza al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado, entre otros oficiales de las fuerzas de seguridad locales.