México incumple la sentencia de la Corte IDH en el caso Digna Ochoa
A casi 24 años del asesinato de Digna Ochoa y de una sentencia emblemática de un tribunal internacional, el Estado mexicano ignora sus obligaciones.
A cuatro años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció al Estado mexicano por sus graves omisiones en la investigación del asesinato de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, la familia de la también abogada denunció el incumplimiento de la sentencia.
Únicamente, el Estado mexicano ha cumplido con la emisión de una disculpa pública, mientras que otros resolutivos, como continuar con la investigación del asesinato de Digna Ochoa, han presentado nulos avances desde noviembre de 2021, fecha en que se dictó la sentencia, señaló la abogada Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Ochoa, quien durante su trayectoria defendió a personas vulnerables y víctimas de violaciones a los derechos humanos, fue asesinada el 19 de octubre de 2001 en su oficina ubicada en la colonia Roma. Las primeras indagatorias apuntaron a una hipótesis de “suicidio simulado” por motivos personales, pese a que el cadáver de la activista presentaba dos disparos de arma de fuego y que existieron amenazas previas.
La abogada había representado a familias de las víctimas de masacres como las de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997), El Charco (1998), además defendía a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados por miembros del Ejército en Guerrero, así como a los hermanos Cerezo Contreras.
En conferencia de prensa desde las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS) el señor Jesús Ochoa y Plácido (hermano de Digna) hizo un llamada a investigar a funcionarios omisos en la conformación de la averiguación previa: “Pedimos que se investigue precisamente al fiscal Renato Sales Heredia, que en su momento fue el creador de la hipótesis del suicidio simulado; que también se investigue a la licenciada Margarita Guerra y Tejada, a José Antonio Pérez Bravo, a Bernardo Bátiz y a Miguel Ángel Mancera Espinosa”.
FOTO: CENCOS.
La sentencia de la Corte IDH acreditó deficiencias en la recolección de pruebas, en la cadena de custodia y uso de estereotipos de género, falencias que obstaculizaron el esclarecimiento del caso, que el próximo mes cumplirá 24 años.
Cabe recalcar que los fiscales del caso Digna Ochoa mantuvieron durante años presencia en el servicio público, por ejemplo, Renato Sales fue recientemente el fiscal del Estado de Campeche, mientras que Bernardo Bátiz asumió esta semana como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, tras aparecer en “acordeones” y ser elegido en las elecciones judiciales.
Mientras que, Saulo Loya, integrante de Espacio OSC, señaló que 177 personas defensoras de DD.HH y 88 personas periodistas han sido asesinadas en los últimos nueve años. La organización de la que forma parte lleva un registro exhaustivo de agresiones y lamentó que muchos casos no terminen en una sentencia contra los responsables.
