Gobierno presenta plan ambiental para bahía Ohuira en Sinaloa
Tras 12 años de conflicto, el plan para la bahía de Ohuira propone cambiar descargas de amoniaco, apoyos a pescadores y comité de vigilancia.
Un conflicto ambiental que se arrastra desde hace más de una década ha dado un paso hacia su resolución. El gobierno federal presentó este lunes el Plan Integral de Conservación Ambiental, Bienestar Comunitario y Desarrollo Sustentable de la Bahía de Ohuira, en el municipio de Topolobampo, Sinaloa.
Entre las medidas más relevantes se encuentra el cambio de los puntos de descarga de la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira. La propuesta contempla ya no descargar en la bahía, donde podría dañar el ecosistema sensible, sino instalar un difusor que lleve los desechos… mar adentro.
La propuesta también incluye medidas de restauración de flora y fauna. Es un intento de conciliación entre las exigencias de comunidades locales, ambientalistas y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman AG, propietaria de una fábrica de amoniaco en las inmediaciones del cuerpo de agua.
El anuncio se produjo durante una reunión el lunes en Los Mochis, cabecera municipal de Ahome. Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del gobierno federal para este proceso, subrayó que el plan recoge las demandas planteadas durante meses por el colectivo ¡Aquí No! y por los representantes de las comunidades que viven en el entorno de la bahía.
“El plan no es autoría del gobierno, es resultado de un proceso de diálogo entre las partes involucradas”, declaró Rodríguez Alonso. “No se limita a una sola acción, es un plan profundo e involucra distintas voluntades, propone medidas para la conservación y restauración ambiental de la bahía”.
La bahía de Ohuira, declarada sitio Ramsar —un humedal de importancia internacional—, ha sido el epicentro de una disputa que enfrenta a comunidades locales con la empresa GPO y su planta de amoniaco. Los activistas, agrupados en el colectivo ¡Aquí No!, han denunciado durante años los riesgos ambientales que representa la planta de amoniaco para el ecosistema y las actividades pesqueras de la región.
El plan, que según las autoridades aborda un problema con más de 12 años de antigüedad, propone acciones en materias ambiental, social, económica, de protección civil, infraestructura y derechos humanos.
Restauración ambiental y nuevo sitio para descargas
Entre las medidas más relevantes se encuentra el cambio de los puntos de descarga de la planta de amoniaco. La propuesta contempla instalar un difusor que lleve los desechos de amoniaco ya no en la bahía de Ohuira sino mar adentro, donde también podría ocasionar daños ambientales.
El amoniaco es un elemento altamente tóxico. Su descarga en ecosistemas marinos está prohibido internacionalmente por los protocolos de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el convenio MARPOL, los cuales clasifican al amoniaco como una sustancia nociva líquida de categoría de alto riesgo.
Los efectos son nocivos por varias razones. El amoniaco destruye los tejidos branquiales de los peces, provocándoles asfixia inmediata. Además, provoca un crecimiento descontrolado de algas que agotan por completo el oxígeno del agua, entre otros daños colaterales.
Además, el plan incluye el desarrollo de una nueva línea base de impacto ambiental, elaborada en coordinación con la comunidad, y la instalación de estaciones de monitoreo que operarán las 24 horas del día para regenerar los sistemas de alerta temprana.
No existe un método ideal para tratar las descargas de amoniaco, sin embargo existen técnicas físico-químicas para convertir estas descargas en elementos inofensivos, como gas nitrógeno o sales comercializables. Pero el actual proyecto no menciona nada de estos procesos.
El proyecto contempla, en cambio, un programa integral de restauración de la bahía. Para ello, se integrará un equipo técnico encargado de concretar cada tarea, desde la restauración del manglar —considerado sitio Ramsar— hasta la generación de un plan de saneamiento y conservación de especies.
“Esencialmente, lo que estamos proponiendo nosotros son acciones en materia ambiental para cuidar las condiciones de la bahía”, explicó Rodríguez Alonso. “Primero, evaluar cómo está la bahía; segundo, un plan de restauración integral, un plan de saneamiento, y cuidado de su flora y fauna”.
El plan también contempla la creación de jornadas de limpieza que generarían empleos temporales para la comunidad. La empresa GPO, por su parte, deberá poner en marcha protocolos de seguridad para prevenir daños ante cualquier incidente y edificar un centro de respuesta inmediata.
Compromisos comunitarios
En el plano social, el gobierno propone respaldar a los pescadores con motores y apoyos económicos durante las vedas. Para los agricultores, se prevé garantizar el abastecimiento de insumos y disminuir los gastos de transporte, de acuerdo con lo señalado por el comisionado.
“Esperamos que con estas acciones podamos restaurar el ecosistema marino y crear condiciones para la pesca responsable”, agregó Rodríguez Alonso.
Uno de los puntos más relevantes del plan es la advertencia del gobierno federal: de incumplirse las medidas acordadas, o de no alcanzarse un consenso entre las poblaciones, se podría detener la operación de la planta.
La iniciativa fue presentada en presencia de funcionarios federales y estatales coordinados por el encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos.
Las autoridades federales destacaron la apertura al diálogo tanto del pueblo Mayo-Yoreme como de la empresa GPO. La compañía ya habría expresado su disposición a cumplir con los acuerdos, mientras que los activistas del colectivo ¡Aquí No! aún no se han pronunciado sobre las acciones que tomarán frente a esta iniciativa. Adelantaron llevarán el contenido del plan a las asambleas comunitarias antes de pronunciarse de manera definitiva.
“Durante 12 años perseguimos la interlocución del gobierno, y gracias a ustedes se consiguió. Fue una jornada larguísima y agotadora, de sesiones de hasta 6 horas continuas”, expresaron en un mensaje de agradecimiento.
Mecanismos de seguimiento
Si las partes aceptan la propuesta, el proceso avanzará hacia la firma pública de compromiso y la instalación de mesas colegiadas de seguimiento. La Federación designará a una persona responsable y se establecerá una oficina formal de coordinación que informará avances y cumplimiento de acuerdos.
El plan también creará un comité comunitario de vigilancia integrado por pueblos, ambientalistas, academia, representantes de los gobiernos federal y estatal, así como por GPO.
“Este es un plan profundo que involucra distintas voluntades”, insistió Rodríguez Alonso. La administración federal convocó a todas las partes involucradas a preservar la voluntad de entendimiento y avanzar hacia un acuerdo que beneficie a la región.
